Internet se va convirtiendo en una de las principales plataformas de información y comunicación de las sociedades modernas y, por tanto, en soporte para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información, entre otros. En este nuevo entorno digital, el acceso a Internet se convierte en un derecho en sí mismo y una obligación que el Estado debe asumir, de forma que nadie quede excluido de sus beneficios.

No hay país en el mundo donde no se esté debatiendo sobre internet, y evaluando su impacto en la economía, la sociedad y el desarrollo nacional. Ecuador no es la excepción. Parte de los debates actuales refieren a la necesidad, o no, de regularlo. Pero lo cierto es que internet está regulado desde sus inicios, y lo es actualmente, tanto en Ecuador como en resto del mundo. Mal o bien, por estados autoritarios o por estados democráticos, pero regulado.

De ahí que el debate urgente sea determinar cómo se regula, cuáles son límites legítimos (y cuáles no) a su uso, y quién aplica esa regulación, para que la intervención estatal sea verdadera garantía de libertad y no una forma de censura encubierta. Cualquier esfuerzo en este sentido deberá encararse desde una perspectiva desde los derechos humanos. Y esa mirada no sólo está en el título sino que está incluida en toda la obra, y la ha motivado.

El libro “Regulación de Internet y Derechos Digitales en Ecuador” se convierte en un aporte novedoso e invalorable en el actual contexto ecuatoriano, destinado a aportar insumos de alto nivel profesional, que seguramente será bienvenido por académicos, así como organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, periodistas, empresarios del sector, reguladores y autoridades estatales.

El libro incluye artículos, ubicados en perfecto orden alfabético, de Juan Pablo Albán Alencastro, Hugo Cahueñas Muñoz, Arturo J. Carrillo, Sophia Espinosa Coloma, Pier Pigozzi, Javier Robalino Orellana, Daniela Salazar Marín, Juan Carlos Solines Moreno, Farith Simon C., y Vladimir Villalba Paredes. También se incluyeron aportes de organizaciones sociales que fueron presentados en el Foro “Sociedad Civil y Derechos Digitales”. Los mismos corresponden a Valeria Betancourt (APC), Andrés Delgado (Apertura Radical), Alfredo Velazco (Derechos Digitales) y Daniela Viteri (Observatorio para la Juventud para América Latina y el Caribe).